fensiva judicial (y política) contra las gasolineras sin empleados

fensiva judicial (y política) contra las gasolineras sin empleados

ECONOMÍA

Ofensiva judicial (y política) contra las gasolineras sin empleados

  • Sector y consumidores alertan del riesgo y de la discriminación a discapacitados

  • Ya son cerca de 90 las estaciones de servicio ‘low cost’ en la Comunidad Valenciana

Surtidor de una gasolinera de bajo coste en el que es obligatorio el...

Surtidor de una gasolinera de bajo coste en el que es obligatorio el pago con tarjeta. GERMÁN CABALLERO

 

Desde hace poco más de un año, su número se ha disparado en toda España. Con más de un millar ya operativas, las estaciones de servicio low cost representan el 10% de todas las gasolineras del país. Impulsada por una elevada rentabilidad, la cifra sigue creciendo de forma exponencial. Rondan las 90 en la Comunidad Valenciana pero hay otras tantas a la espera de licencia. Sin embargo, este modelo de negocio, que elimina a la plantilla en su afán de reducir costes, ha sublevado al resto de empresarios, sindicatos, discapacitados y asociaciones de usuarios. Un frente común que tratará de arrancar de los grupos políticos el compromiso de un cambio legislativo que ponga freno a la destrucción de empleo.

Las organizaciones más representativas del sector tomaron la iniciativa hace meses. Por la vía judicial, han comenzado a denunciar a estos establecimientos por supuestos incumplimientos de la legislación. Y son muchos, según el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEES), Javier Brú. Sobre todo, en materia de seguridad y consumo.

Porque bajo el reclamo de un combustible más económico, la mayoría de estas gasolineras no sólo apuestan por el autoservicio. Se suprime todo empleado. «Ya no hay quien controle si se derrama combustible o si el conductor reposta hablando por teléfono móvil o con el motor en marcha. Pero tampoco hay a quien reclamar en caso de error, ni se puede solicitar una hoja de reclamaciones», precisó Brú, quien ayer participó en la cumbre celebrada en Valencia para dirimir los pasos a seguir en esta batalla por ahora infructuosa.

Exigen al Consell que regule el sector para obligar a contar con al menos un empleado

La administración define esta actividad como insalubre y peligrosa, aunque el Gobierno central permite que no haya personal alguno en las instalaciones. «¿Alguien podría entender un despacho de productos pirotécnicos sin personal que lo atienda», subrayó Ramón Morales, secretario general de FITAG-UGT en la Comunidad Valenciana. Ya se han producido algunos incidentes. Sin ir más lejos, los sistemas de extinción fueron incapaces de evitar que una gasolinera low cost de Rubí quedara reducida a cenizas.

Los dos sindicatos mayoritarios asumen el discurso de la patronal después de sufrir una drástica reducción en el empleo desde que arrancara la crisis. Según sus estimaciones, desde 2010, se han perdido alrededor de 10.000 puestos de trabajo. Y la sangría continúa. No en vano, el capítulo del personal representa el 60% de los gastos de explotación. De ahí que buena parte del sector hable de «competencia desleal» al referirse a quienes han optado por reducir la plantilla a cero.

Los principales perjudicados por esta política empresarial son aquellos que no pueden repostar por sí mismos. Como los discapacitados o personas con movilidad reducida. LaConfederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos en la Comunidad, Cocemfe, reclama al Consell que siga los pasos de Andalucía, Castilla-La Mancha y recientemente Aragón y exija de forma reglamentaria la obligatoriedad de que permanezca al menos un responsable en la estación de servicio.

Desde el Consell expresaron ayer su predisposición a estudiar un cambio normativo que evite la discriminación de clientes.

TRES ARGUMENTOS QUE CUESTIONAN EL MODELO

  • Riesgo para la seguridad. Las instalaciones ‘low cost’ cuentan con sistemas de seguridad pasivos, aunque el sector insiste en que podría ser insuficiente. Recuerdan que los derrames de combustible han de ser tratados adecuadamente.
  • ¿Competencia desleal? El sector atribuye la bajada de tarifas al ahorro en personal. Pero desde Avacu, su presidente, Fernando Móner, pone en duda esta diferencia de precios. «Es que no hemos detectado grandes descuentos», afirma.
  • Discriminación a discapacitados. En las estaciones de servicio convencionales, el operario abandona la garita para ayudar a repostar a los usuarios con problemas de movilidad. Una opción que desaparece en las de bajo coste.